Sector inmobiliario y certezas jurídicas
Es importante destacar que concordamos plenamente en la necesidad de generar una armonía inmobiliaria con el entorno, pero no compartimos que se argumenten esas razones cuando un proyecto ya ha sido autorizado y desarrollado.
Contar con reglas claras para el desarrollo económico de cualquier mercado es vital para el crecimiento del país. Y no es distinto en el sector inmobiliario, donde sus índices de desempeño entregan una radiografía fidedigna del consumo local y la percepción de certidumbre.
En este contexto, cobra especial relevancia ceñirse a las certezas jurídicas que el Estado debe garantizar, ya que son determinantes para el análisis de factibilidad, la puesta en marcha o modificación de un proyecto, cualquiera sea su tipo. Sin embargo, muchas veces esos parámetros de acción sufren alteraciones unilaterales que desordenan el tablero y ponen en jaque los movimientos a futuro.
Hacia fines de junio, fuimos testigos de dos desafortunados cambios para el mundo inmobiliario. La declaratoria express emanada del Consejo de Monumentos Nacionales (CMN) gravó el terreno donde se emplazaba la emblemática Villa San Luis, en Las Condes, dejándolo como un inmueble con condición de monumento histórico, pasando por alto el anteproyecto aprobado con que cuenta la inmobiliaria dueña del terreno. Por otro lado, posteriormente el alcalde de Santiago anunció un proceso de revisión del permiso de edificación de un proyecto ubicado en Carlos Valdovinos. ¿A qué nos enfrentamos cuando proyectos que cuentan con permisos legítimamente otorgados y ajustados a derecho son cuestionados e incluso gravados con declaratorias que ponen en riesgo inversiones ya realizadas?
Desde los privados, vemos que este tipo de acciones es un retroceso o por lo menos un contratiempo para el desarrollo general del país. Así lo han manifestado, por ejemplo, la Cámara Chilena de la Construcción y la Asociación de Desarrolladores Inmobiliarios. Esta incertidumbre jurídica que hoy pesa sobre la industria inmobiliaria enciende las alertas y nos llama a actuar con prontitud.
La certidumbre legal no sólo permite tomar decisiones a tiempo respecto de un inmueble a construir o un sector a renovar. Se trata de avanzar sobre bases conocidas por todos los interesados, sin posteriores modificaciones o correcciones de último minuto, porque eso pone un manto de duda sobre cómo hacer negocios en Chile. Y es importante destacar que concordamos plenamente en la necesidad de generar una armonía inmobiliaria con el entorno, pero no compartimos que se argumenten esas razones cuando un proyecto ya ha sido autorizado y desarrollado dentro del marco existente.
Estamos en un punto de inflexión donde un trabajo coordinado entre el mundo público y privado resuena más que nunca antes. Es un desafío que debemos enfrentar para abordar las próximas décadas. Seamos capaces de rayar una cancha que se mantenga estable de manera de poder desarrollar esta industria de manera positiva y con una mirada a largo plazo. Así podremos seguir contribuyendo al crecimiento de Chile con más y mejores obras inmobiliarias, que apunten a mejorar la calidad de vida de las personas.
